El «Código Procesal General Modelo para la Justicia No Penal de Latinoamérica» es una iniciativa importante en el ámbito del derecho procesal en la región. Su principal objetivo es unificar y modernizar los procedimientos judiciales en materias no penales, buscando mayor eficiencia, transparencia y respeto a las garantías constitucionales.
Este proyecto fue desarrollado, entre otros, por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal y cuenta con los comentarios y la autoría de juristas destacados como Adolfo Eduardo Alvarado Velloso. Fue concebido con la idea de mejorar la tarea de los abogados y, por ende, de todos los justiciables, buscando superar los problemas de una justicia que a menudo se percibe como lenta o ineficaz.
Puntos clave del Código Procesal General Modelo:
* Enfoque no penal: Se centra específicamente en los procesos civiles, laborales, comerciales, de familia, etc., diferenciándose de los modelos de reforma penal que también han sido relevantes en Latinoamérica.
* Principios: Busca establecer principios uniformes que rijan todo el proceso, garantizando la legalidad procesal y el debido proceso.
* Simplificación de trámites: Uno de los objetivos primordiales es simplificar los procedimientos, evitando la proliferación de tipos procesales y unificando los trámites en la medida de lo posible.
* Compromiso judicial: Pretende un mayor compromiso de los jueces con el estricto acatamiento de las disposiciones legales y los principios procesales.
* Protección de garantías: Busca proteger a las personas que litigan o desean hacerlo, asegurando aspectos como la prueba anticipada, la guarda de personas y el beneficio de litigar sin gastos.
* Modelo acusatorio para la justicia no penal: Se aleja del sistema inquisitorial que, en muchas ocasiones, ha regido inexplicablemente en el ámbito no penal en algunos países latinoamericanos, especialmente en materia civil, a pesar de sus implicaciones para las garantías constitucionales.
Este código modelo sirve como una referencia y una guía para que los países de la región puedan adaptar y modernizar sus propias legislaciones procesales no penales, buscando una mayor armonización y eficiencia en la administración de justicia.
Si tienes interés en profundizar en algún aspecto específico de este Código Modelo, como sus principios, su estructura o sus diferencias con otros sistemas procesales, no dudes en preguntar.

SUBSECCIÓN 2
DE LA COMPETENCIA OBJETIVA DEL JUEZ EN PARTICULAR
ARTÍCULO 20.— PAUTAS PARTICULARES DE ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA OBJETIVA
Para la organización del Poder Judicial, esta ley atribuye la competencia objetiva en
razón de:
1) la materia jurídica sobre la cual versa la pretensión deducida (competencia mate-
rial)
93;
2) el lugar de demandabilidad (competencia territorial)
94;

3) el grado de conocimiento judicial (competencia funcional)
95;

4) las personas que se hallan en litigio (competencia personal)
96;
5) el valor pecuniario comprometido en el litigio (competencia cuantitativa)
97;

6) la prevención procesal (competencia prevencional)

98;

7) el reparto equitativo de tareas entre los jueces (competencia por turno)

99;

8) la identidad del hecho causal existente entre distintos litigios contemporáneos

(competencia por conexidad y competencia por afinidad)

100. Esta competencia in-

cluye el fuero de atracción que establecen las leyes de fondo101

Pautas Particulares de Atribución de la Competencia Objetiva del Juez
El Artículo 20 de la Subsección 2 del Código Procesal General Modelo establece las pautas particulares que determinan la competencia objetiva de un juez. En otras palabras, define los criterios para saber qué juez es el adecuado para conocer y resolver un caso determinado. Estas pautas son esenciales para la organización del Poder Judicial y para garantizar que cada litigio sea atendido por la autoridad judicial más idónea.
A continuación, te detallo cada una de estas pautas:
* 1) La materia jurídica sobre la cual versa la pretensión deducida (competencia material): Este criterio se refiere a la naturaleza del asunto legal que se discute. Por ejemplo, un juez especializado en derecho de familia conocerá casos de divorcio o guarda de hijos, mientras que un juez laboral atenderá disputas entre empleadores y trabajadores. Es la pauta más fundamental para delimitar la esfera de acción de los tribunales.
* 2) El lugar de demandabilidad (competencia territorial): Esta pauta determina el ámbito geográfico donde un juez es competente. Generalmente, se basa en el domicilio de las partes, el lugar donde ocurrió el hecho que originó el litigio, o la ubicación del bien objeto de la disputa. Por ejemplo, un caso de un inmueble en Santa Cruz de la Sierra se tramitará ante los jueces de esa ciudad.
* 3) El grado de conocimiento judicial (competencia funcional): Se refiere a la jerarquía dentro del sistema judicial. Un juez de primera instancia es el que conoce el caso inicialmente, mientras que un tribunal de apelación o un tribunal superior revisará las decisiones de los jueces inferiores. Esta pauta asegura el derecho a la doble instancia y la revisión de las sentencias.
* 4) Las personas que se hallan en litigio (competencia personal): Aunque menos común como regla general, en ocasiones la competencia puede estar determinada por la calidad o el estatus de las personas involucradas en el litigio. Por ejemplo, en algunos sistemas, ciertos funcionarios públicos o menores de edad pueden tener fueros especiales.
* 5) El valor pecuniario comprometido en el litigio (competencia cuantitativa): Esta pauta se basa en la cuantía económica del litigio. En muchos sistemas, los jueces de menor cuantía o paz conocen de casos con un valor económico reducido, mientras que los casos con sumas mayores son atribuidos a jueces con mayor jerarquía o especialización.
* 6) La prevención procesal (competencia prevencional): Este criterio se aplica cuando varios jueces son potencialmente competentes para conocer un mismo asunto. La prevención procesal establece que el juez que primero toma conocimiento del caso (el que «previene» en el proceso) se convierte en el competente para seguir conociéndolo, excluyendo a los demás.
* 7) El reparto equitativo de tareas entre los jueces (competencia por turno): En jurisdicciones con varios jueces de la misma categoría y competencia, la competencia por turno asegura una distribución equitativa de la carga de trabajo. Los casos se asignan a los jueces siguiendo un orden preestablecido, como un sistema de sorteo o un calendario de turnos.
* 8) La identidad del hecho causal existente entre distintos litigios contemporáneos (competencia por conexidad y competencia por afinidad): Esta es una pauta fundamental para evitar sentencias contradictorias y optimizar la administración de justicia.
* La conexidad ocurre cuando hay un vínculo estrecho entre dos o más litigios que pueden ser resueltos por el mismo juez, ya sea por el objeto, la causa o las partes. El objetivo es que un solo juez conozca de todos los asuntos conexos para evitar decisiones dispares.
* La afinidad se refiere a situaciones donde, sin ser idénticos, los litigios presentan una estrecha relación o similitud que aconseja que sean tramitados por el mismo juez.
* Esta pauta incluye el fuero de atracción, que es una figura procesal donde un juicio principal «atrae» a otros juicios relacionados a su propia jurisdicción, generalmente en casos como sucesiones, concursos o quiebras, donde se busca concentrar todas las causas vinculadas en un solo proceso.
Estos ocho criterios son la base para la correcta distribución de los expedientes entre los diferentes órganos jurisdiccionales, asegurando así la seguridad jurídica y el debido proceso para todos los justiciables.
¿Hay alguna de estas pautas en particular que te gustaría que profundicemos con más detalle o te gustaría ver ejemplos concretos de su aplicación?

93 Los jueces que ejercen su actividad dentro de un mismo territorio suelen dividir el cono-
cimiento de los diversos asuntos litigiosos de acuerdo con la materia sobre la cual se funda-
menta la respectiva pretensión. La atribución de la competencia material está hecha a base de
necesidades contingentes del lugar en un tiempo dado: en un principio, los asuntos se divi-
dieron en penales y no penales. Tan simple división acrecentó las posibilidades de otorgar
diferentes competencias a los litigios acerca de tales necesidades en la medida en que crecie-
ron las materias jurídicas. En la actualidad, una clara y persistente tendencia a la especializa-
ción judicial unida a las necesidades de resolver enorme número de litigios, hace que la
competencia material se divida en la forma que esta ley lo hace en el art. 22 y siguientes.

94 Todo juez ejerce sus funciones dentro de un límite territorial que está perfecta y geográfi-
camente demarcado por la ley. De tal manera, quien es juez con competencia en el distrito
de la ciudad de Paraná, por ejemplo, puede ejercer toda su actividad dentro del ejido muni-
cipal respectivo, pero no fuera de él si la ley así no lo ha establecido. Más tajante aún: quien
es juez en Paraná no lo es en la ciudad de Concordia. Y viceversa. Cuando un servicio judicial
se halla bien y funcionalmente organizado, existe gran número de demarcaciones territoria-
les (por ejemplo, una por ciudad), con similar cantidad de jueces. ¿Ante cuál de todos ellos
debe instar un particular que se halla en conflicto? Para resolver este interrogante, las leyes
procesales establecen desde antiguo varios lugares de demandabilidad que en esta ley se estable-
cen para la totalidad de los casos en el texto del art. 23.
95 Habitualmente, la actividad de juzgar es ejercida por una sola persona que, como todo ser
humano, es falible y, por ende, puede cometer errores que generen situaciones de injusticia
o de ilegitimidad. Como el acto de juzgamiento tiende precisamente a lo contrario, a hacer la
mejor justicia posible en un caso concreto mediante la emisión de un pronunciamiento legítimo
con apoyo y fundamento en la ley, el posible error judicial que no cumple el postulado básico del
sistema debe ser controlado o revisado por otro juzgador que, por razones obvias, debe es-
tar por encima del primero y al cual éste ha de subordinársele. Así es como, en orden a la
función que cumple cada uno de los jueces, esta ley establece –con ciertas restricciones– un
doble grado de conocimiento: un juez unipersonal de primer grado (o de primera instancia) emite su
sentencia resolviendo el litigio; tal sentencia es revisable –bajo ciertas condiciones– por un
tribunal (habitualmente pluripersonal) que actúa en segundo grado de conocimiento (o en segunda
instancia). Este doble grado de conocimiento judicial recibe la denominación de ordinario, sig-
nificando el vocablo que tanto en el primero como en el segundo, los interesados pueden
plantear para ser resueltas cuestiones de hecho y de derecho. En esta ley, el conocimiento ordi-
nario de un asunto justiciable se agota con el mencionado doble grado. De tal modo, la sen-
tencia de segunda instancia es definitiva y gana los efectos propios de ella (ejecutoria y caso
juzgado). Además del conocimiento ordinario, en el orden judicial argentino, por ejemplo,
existe un grado más de conocimiento extraordinario en el cual no pueden plantearse cuestiones de hecho
sino exclusivamente de derecho. Como es imaginable, la función –de aquí el nombre de esta
competencia– que cumple el juzgador en cada grado de conocimiento, es por completo di-
ferente: a) el de primer grado ordinario tiene amplias facultades para conocer, interpretar y
evaluar los hechos que originaron el litigio y de aplicar a ellos la norma jurídica que crea es la
que corresponde al caso, a fin de absolver o condenar al demandado o reo; b) el de segundo
grado ordinario carece de tales facultades: sólo debe decidir acerca de los argumentos que,
seria y razonadamente, expone el perdidoso respecto de los argumentos fácticos o jurídicos
que fundan la sentencia que le fue adversa (regla procesal no reformatio in pejus). Y nótese
bien: aunque el juzgador superior no esté de acuerdo con la interpretación que de los he-
chos ha efectuado el juzgador inferior, no puede variarla si no media agravio expreso del
perdidoso en tal sentido; c) el de tercer grado –ahora ya es extraordinario– debe proceder de
modo similar al de segundo grado, con una variante de la mayor importancia: no ha de co-
nocer de cualquier argumento jurídico que presente el agraviado sino sólo de aquel que ten-
ga relevancia casacional o constitucional. Como puede apreciarse, la competencia funcional
opera como una especie de embudo invertido: a mayor grado, menor posibilidad cuantitati-
va de conocimiento material por parte del juzgador. Y ello es razonable: el Estado cumple con el particular asegurándole la resolución de todos sus conflictos; y para que esto ocurra

basta un solo acto de juzgamiento. En razón de que allí puede cometerse un error que genere

injusticia o ilegitimidad, se asegura la posibilidad –no la imprescindible necesidad– de ser revisada

por un tribunal superior; sólo que ahora, porque ya se cumplió en primera instancia la ga-

rantía de solución, no entrará a juzgar ex novo el litigio (que ya fue juzgado), sino a analizar y

controlar el razonamiento del juzgador inferior en función de lo que al respecto se agravie el

perdidoso. Y con esto el pleito terminó. Sin embargo, persistiendo el error (ahora sólo por

ilegitimidad, ya no por injusticia), se asegura la posibilidad –no la imprescindible necesidad– de

nueva y definitiva revisión, sólo que ahora el juzgamiento se concretará a determinar si el

pronunciamiento anterior se adecua o no a las garantías prometidas desde la Constitución.

Cierto es que aun el último juzgador es falible y que, por tanto, puede cometer nuevo error.

Pero hace a la tranquilidad social y a la rapidez y seguridad en el tráfico de relaciones jurídi-

cas que alguna vez los pleitos tengan un fin: dos, tres o cinco grados de conocimiento, pero

uno de ellos debe ser final y definitivo, sin posibilidad de ulterior revisión. Entre nosotros,

ha parecido suficiente el número de grados ya enunciados. Y el eventual error del último

tribunal será un fin no querido por el derecho, pero necesario de aceptar –con el sacrificio

de unos pocos– para lograr la armonía social de todos.

96 Desde siempre, y por variadas razones políticas, sociales, fiscales, etcétera, que son con-

tingentes en el tiempo y en el espacio, ha sido necesario en un momento y lugar dados atri-

buir competencia en razón de las personas que litigan. De ahí que, en atención a ellas, se atri-

buye una competencia personal específica, casi siempre bajo el falaz rótulo de competencia material.

Por ejemplo y en la Argentina, siempre que la Nación es parte en un litigio debe someter su

juzgamiento a ciertos jueces (federales) y no a otros (ordinarios). Del mismo modo, los ex-

tranjeros y los vecinos de distinta provincias tienen una competencia de este tipo en nuestro país,

de inmigración y de sistema político federal. Esto es clara herencia de la historia de la Espa-

ña foral, que muestra ricos y variados ejemplos de ello. Pero por expresa disposición consti-

tucional que se origina en la Asamblea de 1813, en la Argentina no existen fueros especiales.

De ahí que siempre que se atribuye una competencia personal, se privilegia a uno de los liti-

gantes (generalmente es el Estado) respecto del otro, que sufre obvio detrimento (por ejem-

plo, plazos exiguos y angustiantes de caducidad, juzgamiento en un solo grado de conoci-

miento judicial, etcétera). No parece que ello sea congruente con la garantía constitucional

del debido proceso ni que éste sirva para igualar en tales casos a ambos contendientes. Por eso

es que esta ley ha evitado el tema.

97 En la fluidez de las relaciones sociales pueden originarse conflictos por las más variadas

razones, que van desde un grado de importancia suma a otro de importancia mínima. Por

ejemplo, aunque intrínsecamente son ambos conflictos intersubjetivos, parece que mirado de

modo objetivo tiene mayor trascendencia económica o social el litigio que versa sobre valio-

so inmueble que el que se reduce al valor de una docena de naranjas; igual ocurre con el

despido de todo el personal de una fábrica respecto de la suspensión temporaria de uno de

sus obreros; lo mismo pasa si se compara el delito de homicidio con el de hurto de una ga-

llina, etcétera. Como el Estado asegura por igual la solución de todos estos conflictos, man-

tiene estable un servicio público de justicia a un elevado coste que soporta toda la sociedad.

Por razones obvias, la parte proporcional de ese coste que corresponde materialmente a cada litigio, debe estar en relación con la importancia de éste. De tal modo, en casi todos los

lugares se divide la competencia en razón de la cantidad o el valor sobre el cual versa la pre-

tensión. Y así, dos jueces que tienen idéntica competencia territorial (por ejemplo, en una

misma ciudad) e idéntica competencia material (por ejemplo, en lo comercial), pueden os-

tentar diferente competencia cuantitativa: sobre la base de una predeterminada cantidad pa-

trón fijada por el legislador, uno será de mayor cuantía si la excede y otro de menor cuantía si no

llega a ella. Parece claro aquí que el valor preponderante en el primer caso será el de la seguri-

dad jurídica; en el segundo, los de la celeridad y la economía en la solución del litigio. Y es que

celeridad y seguridad son valores que nunca pueden caminar juntos: lo que se resuelve rápi-

damente no es seguro; lo que se decide con seguridad no puede ser rápido. De ahí que la

adopción de un valor vaya necesariamente en detrimento del otro; por ello es decisión polí-

tica el otorgar o no cierta primacía entre ambos. Esta tarea corresponde al legislador proce-

sal, quien instrumenta un procedimiento con plazos prolongados y plena posibilidad de de-

fensa, de prueba y de impugnación en los casos de mayor cuantía, en tanto que establece un

procedimiento más breve, con el lógico cercenamiento de posibilidades defensivas, probato-

rias e impugnativas en el de menor cuantía. Esto es lo que se ha hecho en esta ley, tal como

se puede ver en el texto del art. 25.

98 Cuando un juez debe conocer de una pretensión relacionada incidental o accidentalmente

con otra que ya se encuentra judicializada, debe entender necesariamente en ella para no ge-

nerar caos jurídico alguno. De ahí que, pendiente una demanda, el juez competente para

tramitarla debe conocer también de todas las pretensiones que se mencionan detalladamente

en el art. 28. El mismo principio se aplica cuando se incoan medidas preparatorias o cautela-

res en forma previa a la deducción de una pretensión principal.

99 La doctrina generalizada no acepta que el turno sea una pauta legal de atribución de com-

petencia. Antes bien, lo presenta como una cuestión meramente administrativa que debe ser

regulada en forma exclusiva por los propios tribunales. Esta ley no sigue ese criterio, pues al

privilegiar el derecho de acción por sobre la actividad de jurisdicción, quiere asegurar a todo

litigante el derecho de no litigar en materia transigible ante quien no quiere hacerlo por la

razón que fuere. De ahí que la ley regula el turno y, además, lo establece como una pauta

prorrogable. Se descarta que así podrá obtenerse mejor justicia en cada caso concreto.

100 En el art. 347 y siguientes se explican cuáles son las distintas figuras jurídicas que surgen

de la simple comparación de dos relaciones litigiosas, mediante el espejamiento de sus tres

elementos tradicionales: sujetos, objeto y causa. Cabe recordar ahora que el fenómeno de la

conexidad aparece cuando dos relaciones litigiosas diferentes tienen en común un elemento

(lo que se presenta en los supuestos de conexidad subjetiva, conexidad objetiva y conexidad causal) o

dos elementos (conexidad mixta subjetivo-causal y conexidad mixta objetivo-causal). También se re-

cuerda que el fenómeno de la afinidad aparece cuando dos relaciones litigiosas diferentes no

tienen ningún elemento idéntico pero ostentan uno de los sujetos en común (no los dos) y

el hecho que es la causa de pedir (no la imputación jurídica que el actor hace a base de él).

Cuando se presenta alguno de estos dos fenómenos, y según el caso, resulta conveniente –por

razones de economía– o necesario –por razones de seguridad jurídica– tramitar y/o sentenciar

en un mismo acto de juzgamiento todas las pretensiones conexas o afines, mediante el instituto de

acumulación de procesos. Cuando la acumulación se hace imprescindible y los pleitos penden

ante jueces con distintas competencias, uno de ellos debe asumir la del otro, quien no puede

menos que ceder ante la exigencia del primero y desplazar el conocimiento del litigio. Un

ejemplo ayudará a comprender el problema: supóngase que Juan demanda a Pedro ante el

juez Diego pretendiendo el cumplimiento de un contrato. A los fines de este ejemplo, el

juez Diego es el único competente en ese momento en razón del territorio, del grado, de la

materia y del valor. En proceso separado, Pedro demanda a Juan ante el juez José preten-

diendo la declaración de nulidad del mismo contrato. A los fines de este ejemplo, el juez Jo-

sé es el único competente en ese momento en razón del territorio, del grado, de la materia y

del valor. Es fácil darse cuenta que las pretensiones antagónicas que recién he referido no

deben ser sentenciadas separadamente, pues puede ocurrir que el juez Diego condene al

cumplimiento del contrato y que, por su parte, el juez José declare la nulidad del mismo

contrato que Diego ordenó cumplir. Y esta situación es verdaderamente caótica y debe

erradicarse a toda costa. La solución para evitarla es obvia y unitaria: que uno de los jueces

asuma la competencia del otro por virtud de la conexidad causal que existe entre ambos liti-

gios. No importa por ahora quién es el que en definitiva juzgará las dos pretensiones opues-

tas. Sobre el tema, las normativas procesales no son pacíficas. Pero lo que sí importa es que

haya una sola sentencia en un mismo acto de juzgamiento efectuado por un mismo juzgador. Y

ello se logra sólo desplazando la competencia de uno de los jueces. Esta es la razón por la

cual la doctrina autoral otorga a la conexidad y a la afinidad jurídicas el carácter de excepciones

a las pautas atributivas de la competencia judicial. Pero ello no ha sido comprendido por

parte de muchísimos jueces, con los inconvenientes gravísimos que son de imaginar. De ahí

que esta ley, al igual que ya lo hiciera la de Santa Fe (Ley 10.160), le ha otorgado carácter de

pauta de competencia para que sea irrestrictamente acatada por todos los jueces.

101 Hay algunos juicios en los cuales está necesariamente involucrada la totalidad del patri-

monio de una persona y que, por tal razón, se conocen con la denominación de juicios uni-

versales (son: el concurso, la quiebra y la sucesión). Esta circunstancia hace que resulte me-

nester concentrar ante un mismo y único juez todos los litigios que están vinculados en cier-

tos aspectos con tal patrimonio del deudor o del causante. Se produce así un nuevo despla-

zamiento de la competencia, diferente del antes explicado y que opera exclusivamente respecto

de pretensiones patrimoniales personales (no personalísimas ni reales) deducidas en contra

(no a favor) del patrimonio cuya universalidad se trata de preservar. En otras palabras: abierta

una sucesión o un concurso o una quiebra, los respectivos juicios atraen a todos los proce-

sos que versen sobre materia patrimonial personal y estén pendientes o que se deban iniciar

contra la sucesión o su causante y contra el concurso o quiebra y el concursado o quebrado.

No ocurre lo mismo a la inversa: si, por ejemplo, el concurso o el concursado incoa un pro-

ceso por medio de quien está legitimado para hacerlo, debe presentar la demanda ante el

juez que reúne en sí todas las pautas de competencia, no ante el juez que interviene en el

concurso porque en él se trata, simplemente, de administrar un patrimonio y dividirlo pro-

porcionalmente entre sus diferentes acreedores conforme pautas que establece la propia ley.

Para lograr la plena comprensión del tema, ver CCCA actual, 2336 y 2643. A su turno, la ley

de Concursos y Quiebras, 21, modificada por la ley N° 26.086 (B.O. 11/4/2006), regulando el fuero de atracción en el concurso, establece: ―Juicios contra el concursado. La apertura del con-

curso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios

de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación,

y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fun-

damento en tales causas o títulos. Quedan excluidos de los efectos antes mencionados: 1.

Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecucio-

nes de garantías reales; 2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales,

salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo

dispuesto por los arts 32 y concordantes; 3. Los procesos en los que el concursado sea parte

de un litisconsorcio pasivo necesario. En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal

de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales

nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en rela-

ciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación de

honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare condenado

en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley. En los procesos indicados en

los inc. 2) y 3) no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado,

serán levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados. La sentencia que se

dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso. En las ejecuciones de

garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas pre-

cautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de

verificación del crédito y su privilegio‖. Finalmente, el art. 132 de la misma ley N° 26.086

(B.O. 11/4/2006), establece: ―Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en

el que ella tramita, todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se re-

clamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, que-

dan exceptuados de este principio los casos indicados en el art. 21 inc. 1) a 3) bajo el régi-

men allí previsto. El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quie-

bra del demandado se halle firme; has

Análisis Profundo de la Competencia Judicial y Principios Procesales en el Marco Normativo Argentino

1. Introducción: La Piedra Angular del Proceso Judicial

La competencia judicial constituye un pilar fundamental del derecho procesal, delineando el ámbito específico de autoridad que posee un juez o tribunal para conocer y decidir un caso particular. Este concepto es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia, ya que asegura una asignación eficiente y legítima de los litigios. La noción de competencia no es estática; por el contrario, se adapta dinámicamente a las necesidades cambiantes de la sociedad y a la creciente complejidad de las relaciones jurídicas, siendo indispensable para la salvaguarda del debido proceso y la certeza jurídica.

El presente informe se propone realizar un análisis exhaustivo de los criterios clave de competencia y los institutos procesales relacionados, tal como se desprenden de las notas 93 a 101 de la normativa en estudio. El objetivo es desentrañar las particularidades de la competencia material, territorial, funcional, personal y cuantitativa, así como las reglas críticas que rigen las pretensiones conexas, tales como la competencia incidental, el turno, la conexidad, la afinidad y el fuero de atracción en los juicios universales. El análisis se adentrará en la justificación subyacente a estas reglas, sus implicaciones prácticas y las controversias o excepciones que se mencionan, con un enfoque particular en el contexto jurídico argentino.

2. Dimensiones Fundamentales de la Competencia Judicial

Esta sección examina los criterios primarios para la atribución de la competencia judicial, que establecen las bases para comprender la estructura y operación del poder judicial.

2.1. Competencia Material (Nota 93)

La competencia material se refiere a la división de la autoridad judicial basada en la naturaleza o el objeto del litigio, como asuntos penales, civiles, comerciales o laborales. Históricamente, esta división fue inicialmente sencilla, limitándose a una distinción entre asuntos penales y no penales [Nota 93]. Sin embargo, a medida que las materias jurídicas se expandieron y el número de litigios aumentó, esta división evolucionó significativamente. El texto destaca una tendencia clara y persistente hacia la especialización judicial, impulsada por la necesidad de resolver un volumen masivo de disputas y la creciente complejidad de los campos legales. Esta especialización se materializa en disposiciones legales específicas, como las establecidas en el artículo 22 y siguientes de la ley mencionada [Nota 93].

La atribución de la competencia material se fundamenta en las «necesidades contingentes del lugar en un tiempo dado» [Nota 93], lo que subraya su carácter adaptativo y práctico. La especialización no solo mejora la eficiencia judicial, sino que también fomenta la pericia de los jueces, permitiéndoles desarrollar un conocimiento profundo en áreas específicas. Esto, en teoría, conduce a decisiones más precisas y coherentes. La evolución de la competencia material ilustra que las estructuras judiciales no son construcciones rígidas e inmutables, sino sistemas dinámicos que se ajustan a la creciente complejidad de las relaciones sociales y al consiguiente desarrollo de las disciplinas jurídicas. Esta adaptación es un proceso continuo, impulsado por imperativos prácticos como la gestión de grandes volúmenes de casos y la demanda de conocimientos especializados para abordar cuestiones legales matizadas. Este fenómeno subraya un principio fundamental: el sistema de justicia debe mantener su flexibilidad para servir eficazmente a una sociedad en desarrollo, asegurando que su diseño institucional esté alineado con las exigencias que se le imponen. Esto implica, a su vez, un esfuerzo legislativo constante para perfeccionar y redefinir los límites de la competencia.

2.2. Competencia Territorial (Nota 94)

La competencia territorial delimita los confines geográficos dentro de los cuales un juez puede ejercer sus funciones. Estos límites están definidos de manera precisa y geográfica por la ley, garantizando que la autoridad de un juez no se extienda más allá de su jurisdicción designada; por ejemplo, un juez competente en la ciudad de Paraná no puede actuar en Concordia [Nota 94].

En un servicio judicial bien organizado y funcional, existen numerosas demarcaciones territoriales, a menudo una por ciudad, cada una con un número similar de jueces [Nota 94]. Para resolver la cuestión de «ante cuál de todos ellos debe instar un particular que se halla en conflicto», las leyes procesales establecen desde antiguo diversos «lugares de demandabilidad», los cuales se fijan para la totalidad de los casos en el artículo 23 de la ley en cuestión [Nota 94]. La estricta demarcación geográfica de la competencia territorial, junto con el establecimiento de lugares específicos para la presentación de demandas, refleja un equilibrio crucial dentro del sistema judicial. Por un lado, garantiza el orden y la previsibilidad, evitando conflictos de jurisdicción y la búsqueda de foros más favorables (forum shopping). Por otro lado, al contar con numerosas unidades territoriales claramente definidas, busca hacer la justicia geográficamente accesible a los ciudadanos, permitiéndoles litigar en un foro que sea razonablemente conveniente. Este equilibrio es vital para la confianza pública y la administración eficiente de la justicia, ya que proporciona claridad a los litigantes al tiempo que mantiene la integridad estructural del poder judicial. La mención explícita de un «gran número de demarcaciones territoriales» sugiere un sistema diseñado para acercar la justicia a la población, mitigando posibles barreras de acceso.

3. La Estructura Jerárquica de la Revisión Judicial: Competencia Funcional

Esta sección explora el concepto de competencia funcional, que rige la asignación de casos según la etapa o función dentro del proceso judicial, con especial énfasis en el sistema de revisión judicial.

3.1. Grados de Conocimiento (Nota 95)

La actividad de juzgar es ejercida por una sola persona que, como todo ser humano, es falible y, por ende, puede cometer errores que generen situaciones de injusticia o ilegitimidad. Dado que el acto de juzgamiento busca precisamente lo contrario —hacer la mejor justicia posible en un caso concreto mediante un pronunciamiento legítimo y fundado en la ley—, el posible error judicial debe ser controlado o revisado por otro juzgador que, por razones obvias, debe estar por encima del primero y al cual este ha de subordinarse [Nota 95].

El sistema establece un doble grado de conocimiento ordinario:

Primer Grado Ordinario (Primera Instancia): Un juez unipersonal emite su sentencia resolviendo el litigio. Este juez posee «amplias facultades» para conocer, interpretar y evaluar los hechos que originaron el litigio y aplicar la norma jurídica que considera pertinente para absolver o condenar al demandado o reo [Nota 95].
Segundo Grado Ordinario (Segunda Instancia): La sentencia de primera instancia es revisable, bajo ciertas condiciones, por un tribunal (habitualmente pluripersonal). Este tribunal «carece de tales facultades» amplias de investigación de hechos; su función se limita a decidir sobre los argumentos que, de manera seria y razonada, expone la parte perdidosa respecto de los fundamentos fácticos o jurídicos de la sentencia adversa. Esto se rige por la regla procesal non reformatio in pejus (no reforma en perjuicio) [Nota 95].

En ambos grados ordinarios, los interesados pueden plantear y resolver cuestiones de hecho y de derecho. El conocimiento ordinario de un asunto justiciable se agota con este doble grado, lo que confiere a la sentencia de segunda instancia el carácter de definitiva y con los efectos propios de cosa juzgada (ejecutoria y caso juzgado) [Nota 95].

Además del conocimiento ordinario, en el orden judicial argentino, por ejemplo, existe un grado más de conocimiento extraordinario. En este tercer grado, no pueden plantearse cuestiones de hecho, sino exclusivamente de derecho, específicamente aquellas con «relevancia casacional o constitucional» [Nota 95]. La función del juzgador en este nivel es similar a la del segundo grado, pero aún más restringida, enfocándose en la legalidad y constitucionalidad del razonamiento de la instancia inferior, sin reevaluar los hechos [Nota 95].

La competencia funcional opera como un «embudo invertido»: a mayor grado, menor es la posibilidad cuantitativa de conocimiento material por parte del juzgador [Nota 95]. Esto significa que, a medida que se asciende en la jerarquía judicial, el alcance de la revisión se estrecha, pasando de una revisión amplia de hechos y derecho a un control legal cada vez más especializado.

El Estado asegura la resolución de conflictos, y la posibilidad de error en el juzgamiento justifica la revisión por un tribunal superior. Sin embargo, la revisión en segunda instancia no es un nuevo juicio (ex novo), sino un análisis y control del razonamiento del juzgador inferior en función de los agravios de la parte perdidosa [Nota 95]. Aun persistiendo el error (ahora por ilegitimidad, no por injusticia), se asegura una nueva y definitiva revisión, concentrada en determinar si el pronunciamiento anterior se adecúa a las garantías constitucionales. El texto reconoce que incluso el último juzgador es falible y puede cometer un nuevo error. No obstante, en aras de la «tranquilidad social» y la «rapidez y seguridad en el tráfico de relaciones jurídicas», los litigios deben tener un fin. Se considera suficiente el número de grados establecidos, y el eventual error del tribunal final se acepta como un «fin no querido por el derecho, pero necesario de aceptar –con el sacrificio de unos pocos– para lograr la armonía social de todos» [Nota 95].

Este planteamiento revela una paradoja fundamental en la administración de justicia: la inherente falibilidad humana de los jueces frente al imperativo social de la certeza jurídica y la finalización de los litigios. Si bien el sistema de revisión multinivel (el «embudo invertido») está diseñado para minimizar errores al reducir progresivamente el alcance de la revisión para centrarse en la conformidad legal y constitucional, el texto admite con franqueza que incluso el tribunal más alto puede equivocarse. La comprensión profunda aquí radica en que el sistema prioriza la armonía social, la seguridad transaccional y el cierre definitivo de las disputas por encima de la búsqueda teórica de una justicia absoluta e inexpugnable en cada caso individual. El «sacrificio de unos pocos» (aquellos potencialmente afectados por un error judicial final e inalterable) se considera necesario para la «armonía social de todos». Esto pone de manifiesto una elección política utilitaria incrustada en el marco procesal, donde el beneficio sistémico de la finalidad supera el costo individual de un error judicial potencialmente no rectificado, evidenciando una tensión crítica entre la justicia individual y el orden legal colectivo.

Tabla 2: Grados de Conocimiento Judicial y Alcance de la Revisión

Grado	Naturaleza del Juez/Tribunal	Alcance del Conocimiento/Revisión	Materias Planteadas	Resultado
Primer Grado Ordinario (Primera Instancia)	Unipersonal	Amplias facultades: conocer, interpretar y evaluar hechos; aplicar la norma jurídica.	Hecho y Derecho	Sentencia inicial
Segundo Grado Ordinario (Segunda Instancia)	Pluripersonal (habitualmente)	Limitado a argumentos de la parte perdidosa sobre fundamentos fácticos/jurídicos de la sentencia adversa; regla non reformatio in pejus.	Hecho y Derecho (según agravios)	Sentencia definitiva (ejecutoria y cosa juzgada)
Tercer Grado Extraordinario	Pluripersonal (implícito)	Exclusivamente cuestiones de derecho; relevancia casacional o constitucional.	Solo Derecho	Revisión final (constitucional/casacional)

4. Criterios Especializados para la Atribución de Competencia

Esta sección profundiza en los criterios de competencia atribuidos en función de características específicas de las partes o del valor monetario de la disputa.

4.1. Competencia Personal (Nota 96)

La competencia personal, o fuero personal, atribuye jurisdicción basándose en el estatus de los litigantes. Históricamente, esta práctica fue común por diversas razones políticas, sociales y fiscales, a menudo bajo la «falaz rótulo de competencia material» [Nota 96]. El texto cita ejemplos en Argentina, como la Nación siendo parte en un litigio (requiriendo jueces federales) o casos que involucran a extranjeros y vecinos de distintas provincias, lo que refleja la historia de inmigración y el sistema político federal del país. Esta práctica se considera una «clara herencia de la historia de la España foral», que ofrece ricos y variados ejemplos de ello [Nota 96].

Sin embargo, en Argentina, por una expresa disposición constitucional que se origina en la Asamblea de 1813, «no existen fueros especiales» [Nota 96]. Cuando se atribuye una competencia personal, generalmente se «privilegia a uno de los litigantes (generalmente es el Estado) respecto del otro», lo que conlleva un detrimento obvio para la parte desfavorecida, como plazos exiguos de caducidad o juzgamiento en un solo grado de conocimiento judicial [Nota 96]. El texto explícitamente señala que tales arreglos «no parece que ello sea congruente con la garantía constitucional del debido proceso ni que éste sirva para igualar en tales casos a ambos contendientes». Por lo tanto, la ley de referencia «ha evitado el tema» [Nota 96].

La nota 96 revela una profunda tensión entre las prácticas legales históricas, arraigadas en el privilegio (como el sistema foral español que a menudo privilegiaba al Estado), y los principios constitucionales modernos del debido proceso y la igualdad ante la ley. La prohibición constitucional argentina de los «fueros especiales» marca una ruptura deliberada con un pasado en el que la competencia judicial podía adaptarse al estatus de las partes, frecuentemente a expensas de la equidad. La decisión explícita de la ley actual de «evitar el tema» de la competencia personal no es una mera omisión, sino una contundente declaración normativa. Refleja un compromiso legislativo consciente de defender las garantías constitucionales, asegurando que las normas procesales no generen desventajas inherentes para los litigantes basadas en su identidad o estatus. Esto demuestra un desarrollo legal progresivo, orientado a estandarizar el tratamiento judicial y a reforzar el principio de imparcialidad judicial, incluso cuando ello implique prescindir de precedentes históricos que pudieron haber servido a intereses políticos o fiscales específicos.

4.2. Competencia Cuantitativa (Nota 97)

La competencia cuantitativa divide la jurisdicción basándose en la cuantía o el valor sobre el cual versa la pretensión [Nota 97]. Esta división permite que dos jueces con idéntica competencia territorial (por ejemplo, en la misma ciudad) e idéntica competencia material (por ejemplo, en lo comercial) puedan ostentar diferente competencia cuantitativa: uno será de mayor cuantía si excede una cantidad patrón fijada por el legislador, y otro de menor cuantía si no la alcanza [Nota 97].

El Estado sostiene un servicio público de justicia a un elevado costo para toda la sociedad, y la parte proporcional de ese costo que corresponde a cada litigio debe estar en relación con la importancia de este [Nota 97]. El texto destaca una tensión fundamental: «celeridad y seguridad son valores que nunca pueden caminar juntos: lo que se resuelve rápidamente no es seguro; lo que se decide con seguridad no puede ser rápido» [Nota 97]. Esto implica una decisión política por parte del legislador procesal para priorizar un valor sobre el otro. En los casos de «mayor cuantía», el énfasis recae en la «seguridad jurídica», lo que se traduce en procedimientos prolongados con plena posibilidad de defensa, prueba e impugnación. Por el contrario, en los casos de «menor cuantía», la prioridad es la «celeridad y economía», resultando en procedimientos más breves con la lógica restricción de posibilidades defensivas, probatorias e impugnativas. Esta diferenciación se refleja en el artículo 25 de la ley en cuestión [Nota 97].

La nota 97 articula un principio crucial y a menudo implícito del derecho procesal: la inevitable y fundamental contraposición entre la celeridad (rapidez y eficiencia, que conduce a la economía) y la certeza jurídica (exhaustividad, debido proceso y corrección de errores). Esto no es simplemente una observación, sino un dilema político fundamental que moldea el diseño de los procedimientos judiciales. La decisión legislativa de priorizar un valor sobre el otro en función de la importancia cuantitativa de la demanda (por ejemplo, los casos de alto valor obtienen más salvaguardias procesales para la certeza; los casos de bajo valor obtienen procesos simplificados para la celeridad) implica una elección social consciente sobre la asignación de recursos y el nivel de riesgo aceptable para diferentes tipos de disputas. Esto significa que la «justicia» no es un concepto monolítico, sino que se administra de manera diferente según su importancia económica o social percibida, lo que potencialmente crea un sistema escalonado de garantías procesales. La implicación es que, si bien el Estado promete resolver todos los conflictos, la calidad y la exhaustividad de esa resolución se calibran, reconociendo que la certeza absoluta para cada disputa menor haría que el sistema fuera económicamente insostenible y excesivamente lento. Esto pone de manifiesto un enfoque pragmático de la justicia, que equilibra los ideales con las limitaciones prácticas.

Tabla 1: Resumen de Tipos de Competencia Judicial Fundamentales

Tipo de Competencia	Criterio Definitorio	Racionalidad/Objetivo Primario	Característica/Implicación Clave
Material	Materia del litigio	Especialización, Experiencia, Eficiencia, Adaptabilidad	Evolución hacia la especialización (Art. 22 y ss.)
Territorial	Demarcación geográfica	Orden, Previsibilidad, Accesibilidad	Límites geográficos estrictos (Art. 23)
Personal	Estatus de los litigantes	Igualdad, Debido Proceso (al evitarla); Privilegio histórico (históricamente)	Históricamente problemática; evitada en la ley actual por mandato constitucional
Cuantitativa	Valor/Importancia de la pretensión	Certeza Jurídica, Celeridad, Economía, Asignación de recursos	Tensión entre celeridad y seguridad; procedimientos diferenciados (Art. 25)

5. Reglas que Rigen las Pretensiones Conexas y Concurrentes

Esta sección explora cómo el sistema legal gestiona los casos interconectados, asegurando la coherencia y la eficiencia al desplazar, en ocasiones, las reglas generales de competencia.

5.1. Competencia Incidental y Accidental (Nota 98)

Cuando un juez ya está conociendo de una pretensión principal, debe necesariamente entender también en cualquier pretensión «relacionada incidental o accidentalmente» con ella [Nota 98]. Este principio de concentración se aplica a todas las pretensiones detalladas en el artículo 28, así como a las medidas preparatorias o cautelares iniciadas antes de la deducción de la pretensión principal [Nota 98].

El propósito primordial de esta regla es «no generar caos jurídico alguno» [Nota 98]. Al asegurar que todos los aspectos relacionados de una disputa sean manejados por un único juez, se previenen fallos contradictorios y se promueve la eficiencia procesal. El principio de competencia incidental y accidental, que obliga a un juez a conocer de las pretensiones relacionadas, subraya la importancia primordial de la cohesión judicial y la evitación del «caos jurídico». Esto no se trata meramente de conveniencia administrativa; es fundamental para la integridad y credibilidad de todo el sistema de justicia. Los fallos contradictorios sobre asuntos interconectados erosionarían la confianza pública, socavarían la certeza jurídica y crearían un panorama legal inmanejable donde los derechos y obligaciones carecerían de claridad. Por lo tanto, esta regla actúa como una salvaguardia sistémica, asegurando que los pronunciamientos judiciales sean coherentes y que la resolución de una disputa sea exhaustiva, incluso si ello implica que un juez deba expandir momentáneamente su ámbito jurisdiccional típico para abarcar cuestiones estrechamente vinculadas. Esto destaca que el sistema judicial prioriza la coherencia y la consistencia lógica sobre la estricta adhesión a las asignaciones de competencia iniciales cuando la relación entre los asuntos amenaza el orden sistémico.

5.2. El Papel del «Turno» (Nota 99)

La doctrina generalizada no suele aceptar que el «turno» (la asignación o rotación judicial) sea una pauta legal de atribución de competencia, presentándolo más bien como una cuestión meramente administrativa que debe ser regulada exclusivamente por los propios tribunales [Nota 99]. Sin embargo, la ley en estudio se aparta de este criterio [Nota 99].

La ley «privilegia el derecho de acción por sobre la actividad de jurisdicción» [Nota 99]. Su objetivo es «asegurar a todo litigante el derecho de no litigar en materia transigible ante quien no quiere hacerlo por la razón que fuere» [Nota 99]. Por esta razón, la ley regula el turno y lo establece como una «pauta prorrogable», con la convicción de que así se podrá obtener «mejor justicia en cada caso concreto» [Nota 99]. La decisión de la ley de regular legalmente el turno y convertirlo en una regla de competencia prorrogable, contrariamente a la doctrina tradicional, señala un cambio filosófico significativo: prioriza el «derecho de acción» del litigante y, más específicamente, su autonomía y comodidad en el proceso judicial, por encima de la estricta eficiencia administrativa de la asignación jurisdiccional. Al permitir que un litigante evite a un juez que «no desea» para un «asunto transigible», la ley introduce un elemento de elección de la parte y de confianza en el sistema. Esto implica un reconocimiento de que la percepción de equidad y la confianza del litigante en la imparcialidad o idoneidad del juzgador pueden influir significativamente en la búsqueda de justicia, especialmente en asuntos susceptibles de acuerdo. Aunque aparentemente menor, esta desviación de las visiones tradicionales subraya un enfoque progresista que integra consideraciones centradas en el litigante en el propio tejido de las reglas de competencia, buscando una «mejor justicia en cada caso concreto» que no solo sea procesalmente correcta sino también psicológicamente aceptable para las partes.

5.3. Conexidad y Afinidad (Nota 100)

El fenómeno de la conexidad se presenta cuando dos relaciones litigiosas diferentes tienen en común un elemento (conexidad subjetiva, objetiva o causal) o dos elementos (conexidad mixta subjetivo-causal y conexidad mixta objetivo-causal). Los elementos tradicionales son los sujetos, el objeto y la causa [Nota 100]. Por su parte, la afinidad aparece cuando dos relaciones litigiosas diferentes no tienen ningún elemento idéntico, pero ostentan uno de los sujetos en común (no los dos) y el hecho que es la causa de pedir (no la imputación jurídica que el actor hace a base de él) [Nota 100].

Cuando se presenta alguno de estos dos fenómenos, y según el caso, resulta «conveniente –por razones de economía– o necesario –por razones de seguridad jurídica– tramitar y/o sentenciar en un mismo acto de juzgamiento todas las pretensiones conexas o afines, mediante el instituto de acumulación de procesos» [Nota 100]. Cuando la acumulación se hace imprescindible y los pleitos penden ante jueces con distintas competencias, «uno de ellos debe asumir la del otro», quien no puede menos que ceder [Nota 100]. Un ejemplo claro es el de Juan que demanda a Pedro por cumplimiento de contrato ante el juez Diego, y Pedro demanda a Juan por nulidad del mismo contrato ante el juez José. Para evitar el «caos» de sentencias contradictorias (una que ordene cumplir y otra que declare nulo el mismo contrato), uno de los jueces debe asumir la competencia del otro por la conexidad causal. Lo fundamental es que «haya una sola sentencia en un mismo acto de juzgamiento efectuado por un mismo juzgador» [Nota 100].

La doctrina autoral otorga a la conexidad y a la afinidad jurídicas el carácter de «excepciones a las pautas atributivas de la competencia judicial» [Nota 100]. Sin embargo, se señala que «muchísimos jueces» no han comprendido esto, lo que ha generado «inconvenientes gravísimos». Por ello, la ley actual, al igual que la de Santa Fe (Ley 10.160), les ha otorgado carácter de «pauta de competencia» para que sea «irrestrictamente acatada por todos los jueces» [Nota 100].

La nota 100 presenta un caso de estudio convincente sobre la interacción entre la doctrina legal, la práctica judicial y la reforma legislativa. La comprensión central es que, si bien la conexidad y la afinidad se entienden doctrinalmente como excepciones a las reglas generales de competencia (impulsadas por la eficiencia y la certeza), su implementación práctica se vio obstaculizada por una falta generalizada de comprensión entre los jueces, lo que llevó a «gravísimos inconvenientes», probablemente sentencias contradictorias y caos procesal. La respuesta legislativa —elevar estos principios de meras excepciones doctrinales a «pautas de competencia» explícitas y vinculantes— es una medida estratégica para garantizar la coherencia sistémica. Esto demuestra que la acción legislativa puede ser una herramienta necesaria para superar la resistencia judicial o las inconsistencias interpretativas, asegurando que principios fundamentales como la evitación de sentencias contradictorias se apliquen universalmente. Implica un reconocimiento de que la discreción judicial, si bien valiosa, a veces debe ser limitada por directrices estatutarias claras para salvaguardar los objetivos generales de certeza jurídica y administración eficiente de la justicia, reforzando así la previsibilidad y fiabilidad del sistema legal.

6. Juicios Universales y el Principio de Atracción

Esta sección se centra en un mecanismo específico y poderoso para el desplazamiento de la competencia: el fuero de atracción en los juicios universales.

6.1. Concepto de Juicios Universales (Nota 101)

Los juicios universales son procesos legales que necesariamente involucran la totalidad del patrimonio de una persona. Ejemplos de estos son el concurso, la quiebra y la sucesión [Nota 101]. Debido a la naturaleza universal del patrimonio implicado, es imperativo «concentrar ante un mismo y único juez todos los litigios que están vinculados en ciertos aspectos con tal patrimonio del deudor o del causante» [Nota 101]. Esta concentración evita un enfoque fragmentado en la gestión de un patrimonio único e indivisible, asegurando su preservación y una distribución ordenada.

El fuero de atracción opera de manera que la apertura de una sucesión, un concurso o una quiebra «atraen a todos los procesos que versen sobre materia patrimonial personal y estén pendientes o que se deban iniciar contra la sucesión o su causante y contra el concurso o quiebra y el concursado o quebrado» [Nota 101]. Este desplazamiento de competencia se aplica exclusivamente a «pretensiones patrimoniales personales» (no personalísimas ni reales) y solo cuando son «deducidas en contra (no a favor) del patrimonio cuya universalidad se trata de preservar» [Nota 101]. Lo contrario no ocurre: si el patrimonio universal (por ejemplo, el concurso) inicia un proceso, debe hacerlo ante el juez que cumple con todos los criterios de competencia generales, no necesariamente ante el juez que interviene en el concurso, ya que la función de este último es simplemente administrar y dividir proporcionalmente el patrimonio [Nota 101].

La Ley de Concursos y Quiebras, en su artículo 21 (modificado por la Ley N° 26.086), regula el fuero de atracción en el concurso, estableciendo que la apertura del concurso produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No se pueden deducir nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos. Sin embargo, existen excepciones a estos efectos:

Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales.
Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito.
Los procesos en los que el concursado sea parte de un litisconsorcio pasivo necesario.

En estos casos exceptuados, los juicios prosiguen ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. El síndico es parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia. No procede el dictado de medidas cautelares en los casos de los incisos 2) y 3), y las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso. La sentencia que se dicte en estos procesos vale como título verificatorio en el concurso. En las ejecuciones de garantías reales, no se admite el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio.

Finalmente, el artículo 132 de la misma Ley N° 26.086 establece que la declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en el artículo 21 incisos 1) a 3) bajo el régimen allí previsto. El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halla firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada.

El fuero de atracción en los juicios universales (concurso, quiebra, sucesión) representa un mecanismo excepcional y poderoso para el desplazamiento de la competencia judicial. Su necesidad se deriva del objetivo sistémico primordial de la preservación del patrimonio y su distribución equitativa. Cuando la totalidad del patrimonio de una persona está en juego, permitir que múltiples demandas independientes procedan contra él conduciría a una disipación caótica y descoordinada de los activos, socavaría la igualdad entre los acreedores y haría imposible una resolución ordenada. El fuero de atracción asegura que todas las reclamaciones contra el patrimonio se centralicen, permitiendo una evaluación holística de pasivos y activos. Las excepciones específicas son igualmente reveladoras: revelan una jerarquía de valores legales. Por ejemplo, los casos de relaciones familiares o expropiación se excluyen porque implican derechos o intereses públicos considerados más fundamentales o distintos de las reclamaciones patrimoniales generales. De manera similar, las garantías reales se tratan de forma diferente porque representan un derecho preexistente y específico sobre un activo, no una reclamación general contra todo el patrimonio. Esto demuestra que, si bien la concentración es la regla, la ley establece meticulosamente excepciones donde otros principios legales (por ejemplo, el interés público, los derechos personales fundamentales, los derechos de los acreedores garantizados) tienen prioridad, mostrando un sofisticado equilibrio dentro del marco legal. Significa un cambio de la litigación individual a un enfoque colectivo y sistémico para gestionar la dificultad financiera o la herencia, priorizando el interés colectivo de los acreedores y la preservación del patrimonio.

Tabla 3: Fuero de Atracción: Alcance y Excepciones

Tipo de Juicio Universal	Regla General de Atracción	Características Clave de las Pretensiones Atraídas	Excepciones Específicas (Art. 21 inc. 1-3, Ley 26.086)	Implicaciones para Casos Exceptuados
Concurso, Quiebra, Sucesión	Todas las acciones judiciales iniciadas contra el patrimonio universal (o deudor/causante) por derechos patrimoniales, por causas/títulos anteriores al juicio universal.	Patrimoniales, Personales (no personalísimas ni reales), Deducidas contra el patrimonio.	1. Procesos de expropiación. <br> 2. Procesos fundados en relaciones de familia. <br> 3. Ejecuciones de garantías reales (con condiciones para concurso, generalmente exceptuadas para quiebra). <br> 4. Procesos de conocimiento en trámite. <br> 5. Juicios laborales. <br> 6. Procesos donde el concursado es parte de un litisconsorcio pasivo necesario.	Continúan en tribunal original; síndico parte necesaria (excepto familia); no medidas cautelares (inc. 2 y 3); sentencia sirve como título verificatorio.

7. Conclusión: Síntesis de las Reglas de Competencia y su Importancia Sistémica

El conjunto de reglas que rigen la competencia judicial —material, territorial, funcional, personal y cuantitativa—, junto con principios como la competencia incidental, el turno, la conexidad, la afinidad y el fuero de atracción, conforman un marco sofisticado para la administración eficiente y legítima de la justicia. Estas reglas no son aisladas, sino que están interconectadas, operando con frecuencia de manera jerárquica o excepcional para asegurar la coherencia sistémica, prevenir conflictos y adaptarse a las complejidades de las disputas legales.

El análisis ha puesto de manifiesto una tensión constante y un delicado equilibrio entre valores contrapuestos: la necesidad de eficiencia y celeridad judicial (por ejemplo, la competencia cuantitativa para demandas menores, la conexidad por razones de economía) frente al imperativo de la certeza jurídica, el debido proceso y la corrección de errores (por ejemplo, la revisión en múltiples grados, la competencia cuantitativa para demandas de mayor cuantía). El sistema también se esfuerza por la accesibilidad (competencia territorial) y la equidad (la evitación de fueros especiales, la regulación legal del turno). En última instancia, el marco procesal, tal como se ha dilucidado en estas notas, representa un esfuerzo legislativo dinámico para conciliar estos objetivos a menudo conflictivos, priorizando la armonía social y la resolución definitiva de las disputas, al tiempo que se busca el más alto estándar posible de justicia dentro de las limitaciones prácticas.

El sistema legal argentino, ejemplificado por estas notas, demuestra un enfoque pragmático y evolutivo en la organización judicial. Reconoce la inherente falibilidad humana y las complejidades de las relaciones sociales, respondiendo con mecanismos diseñados para gestionar eficazmente estos desafíos. Las intervenciones legislativas explícitas para clarificar principios doctrinales (como la conexidad) y hacer cumplir mandatos constitucionales (como la ausencia de fueros especiales) resaltan un compromiso con un proceso judicial robusto, predecible y justo.

He comenzado la investigación.

Plan de Investigación para «Principios de Competencia Judicial en Bolivia: Una Guía Esencial para Estudiantes de Derecho»

Objetivo General: Desarrollar una estructura completa y didáctica para un libro jurídico innovador y original, dirigido a estudiantes universitarios de derecho en Bolivia, basado en el Artículo 20 del Código Procesal General Modelo y sus notas de pie de página (93-101), adaptando los conceptos al modelo jurídico boliviano.

Parte I: Fundamentos del Derecho Procesal y la Competencia Judicial

Capítulo 1: Introducción al Derecho Procesal y la Jurisdicción

* Título: El Derecho Procesal en el Marco de la Justicia Boliviana

* Subtítulo: Naturaleza y Fuentes del Derecho Procesal en Bolivia.

* Subtítulo: Principios Fundamentales del Proceso Civil y no Penal en Bolivia.

* Subtítulo: La Jurisdicción: Concepto, Caracteres y Clases.

* Subtítulo: Distinción entre Jurisdicción, Competencia y Atribución.

* Subtítulo: Breve Reseña Histórica de la Organización Judicial en Bolivia.

Capítulo 2: La Competencia Judicial: Concepto y Fundamentos

* Título: La Competencia: Regla de Oro en la Administración de Justicia

* Subtítulo: Concepto de Competencia y su Importancia en el Debido Proceso.

* Subtítulo: Caracteres de la Competencia en el Ordenamiento Jurídico Boliviano.

* Subtítulo: Criterios Clásicos de Atribución de la Competencia (Visión General).

* Subtítulo: La Incompetencia: Efectos y Consecuencias.

Parte II: Las Pautas Particulares de Atribución de la Competencia Objetiva (Análisis Detallado del Art. 20 y Notas)

Capítulo 3: Competencia por Razón de la Materia (Art. 20.1 y Nota 93)

* Título: La Especialización Judicial: Garantía de Eficiencia y Pericia

* Subtítulo: La Competencia Material en la Ley boliviana: Alcance y Clasificación.

* Subtítulo: Evolución de la Especialización Judicial en Bolivia: De lo General a lo Específico.

* Subtítulo: Necesidades Contingentes y División de la Materia: Ejemplos en el Sistema Judicial Boliviano (Civil, Familiar, Laboral, Comercial, Administrativo, etc.).

* Subtítulo: Análisis de las Salas y Juzgados especializados en Bolivia (Corte Suprema de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia, Juzgados Públicos).

* Subtítulo: Implicaciones Prácticas y Jurisprudencia Relevante en Bolivia sobre la Competencia Material.

Capítulo 4: Competencia por Razón del Territorio (Art. 20.2 y Nota 94)

* Título: Dónde Demandar: Las Reglas Territoriales de la Justicia

* Subtítulo: El Ámbito Geográfico del Juzgador en Bolivia.

* Subtítulo: Demarcaciones Territoriales y Organización Judicial en Bolivia (Distritos Judiciales, Provincias, Capitales).

* Subtítulo: Pautas de Demandabilidad: Reglas Generales y Especiales en el Código Procesal Civil boliviano (domicilio del demandado, lugar de cumplimiento de la obligación, ubicación del bien, etc.).

* Subtítulo: La Prórroga de la Competencia Territorial: Concepto y Límites Legales en Bolivia.

* Subtítulo: Excepciones a la Competencia Territorial (Fueros de atracción específicos si aplican, casos especiales).

Capítulo 5: Competencia por Razón del Grado (Art. 20.3 y Nota 95)

* Título: La Doble Instancia y la Revisión Judicial: Hacia una Justicia Imparcial

* Subtítulo: El Principio de la Doble Instancia en el Ordenamiento Jurídico Boliviano: Fundamento Constitucional y Legal.

* Subtítulo: El Juez Unipersonal de Primera Instancia: Funciones y Facultades (Análisis del Juez Público Civil y Comercial, Juez de Familia, Juez de Trabajo y Seguridad Social, etc.).

* Subtítulo: Los Tribunales Pluripersonales de Segunda Instancia: Apelación y Revisión (Salas Civiles, Familiares, Sociales, etc. de los Tribunales Departamentales de Justicia).

* Subtítulo: Alcance de la Revisión en Segunda Instancia: Cuestiones de Hecho y de Derecho. Principio non reformatio in pejus.

* Subtítulo: El Grado Extraordinario de Conocimiento en Bolivia: El Recurso de Casación y el Recurso de Nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Diferencias con el recurso extraordinario de la nota 95.

* Subtítulo: La Competencia Funcional como «Embudo Invertido»: Análisis y Justificación.

* Subtítulo: La Finalidad de la Justicia y la Cosa Juzgada en Bolivia.

Capítulo 6: Competencia por Razón de las Personas (Art. 20.4 y Nota 96)

* Título: ¿Quiénes Litigan? Fueros Especiales y la Igualdad Procesal

* Subtítulo: La Competencia Personal: Concepto y Antecedentes Históricos (Fueros en el Derecho Hispano-Indianos y la Abolición en Bolivia).

* Subtítulo: La Constitución Política del Estado Boliviano y la Prohibición de Fueros Especiales.

* Subtítulo: ¿Existen Excepciones o Casos Especiales en la Legislación Boliviana Actual? (Ej. Diplomáticos, Jueces, Fueros Militares, etc. —siempre en el marco de la CE y leyes especiales—).

* Subtítulo: El Estado como Parte en el Litigio: ¿Jueces Especiales o Reglas Comunes? (Juzgados de Partido en lo Contencioso y Administrativo, etc. en Bolivia).

* Subtítulo: Reflexión sobre la Igualdad Procesal y el Debido Proceso en Bolivia.

Capítulo 7: Competencia por Razón de la Cuantía (Art. 20.5 y Nota 97)

* Título: El Valor de la Pretensión: Impacto en la Vía Procesal

* Subtítulo: La Competencia Cuantitativa en el Ordenamiento Jurídico Boliviano: Rangos y Clasificaciones.

* Subtítulo: Jueces de Menor Cuantía o Paz y su Rol en Bolivia.

* Subtítulo: La Tensión entre Celeridad y Seguridad Jurídica: Diseño de Procedimientos en Bolivia.

* Subtítulo: Consecuencias Procesales de la Cuantía: Simplificación de Trámites, Oportunidades Defensivas y Recursivas.

* Subtítulo: Determinación de la Cuantía en la Demanda y su Incidencia en la Competencia.

Parte III: Reglas Especiales de Atribución de la Competencia

Capítulo 8: La Prevención Procesal y el Turno (Art. 20.6, 20.7 y Notas 98, 99)

* Título: Orden y Elección: Reglas para la Asignación de Casos

* Subtítulo: La Competencia Prevencional: Concepto y Fundamento (evitar el caos jurídico).

* Subtítulo: Casos de Aplicación en el Derecho Procesal Boliviano (medidas preparatorias, cautelares, incidentes).

* Subtítulo: La Competencia por Turno en Bolivia: Regulación Legal vs. Regla Administrativa.

* Subtítulo: El «Derecho de no Litigar ante quien no se quiere»: ¿Una Pauta Prorrogable en Bolivia? (Análisis crítico y comparativo).

* Subtítulo: Mecanismos de Reparto Equitativo de Tareas en el Órgano Judicial Boliviano (Sistema de Sorteo, Jueces de Turno).

Capítulo 9: Conexidad, Afinidad y Acumulación de Procesos (Art. 20.8 y Nota 100)

* Título: Uniendo Litigios: Eficiencia y Coherencia en la Justicia

* Subtítulo: Concepto de Conexidad Procesal: Tipos (subjetiva, objetiva, causal, mixta) y Ejemplos Prácticos en Bolivia.

* Subtítulo: Concepto de Afinidad Procesal y su Distinción con la Conexidad.

* Subtítulo: Fundamento de la Acumulación de Procesos: Economía Procesal y Seguridad Jurídica (Evitar Sentencias Contradictorias).

* Subtítulo: La Acumulación de Procesos en el Código Procesal Civil boliviano: Requisitos y Procedimiento.

* Subtítulo: Efectos de la Conexidad y Afinidad en la Competencia: Desplazamiento y Concentración.

* Subtítulo: La Conexidad y Afinidad como «Pauta de Competencia» (Análisis del cambio doctrinal a legal en la ley modelo y su reflejo en Bolivia).

Capítulo 10: El Fuero de Atracción en los Juicios Universales (Art. 20.8 y Nota 101)

* Título: El Centro de Gravedad Patrimonial: Concentración de Litigios

* Subtítulo: Concepto de Juicios Universales en Bolivia: Sucesiones, Concursos y Quiebras (Análisis de la Ley 1178 de Quiebras y Concursos, Código Civil, etc.).

* Subtítulo: Fundamento y Alcance del Fuero de Atracción: Concentración de Pretensiones Patrimoniales.

* Subtítulo: Pretensiones Atraídas: Características (patrimoniales, personales, contra el patrimonio universal) y Excepciones en la Ley Boliviana.

* Subtítulo: Regulación del Fuero de Atracción en el Código Procesal Civil Boliviano y Leyes Especiales (ej. Ley de Reorganización Financiera o de Concursos, si aplica).

* Subtítulo: Implicaciones Procesales del Fuero de Atracción: Suspensión de Juicios, Radicación, Verificación de Créditos.

* Subtítulo: Jurisprudencia Boliviana Relevante sobre el Fuero de Atracción.

Parte IV: Cuestiones Transversales y Prácticas de la Competencia

Capítulo 11: Conflictos de Competencia y Cuestiones Procesales

* Título: Desacuerdos Jurisdiccionales: Resolución y Procedimiento

* Subtítulo: La Incompetencia: Tipos (absoluta y relativa) y Modos de Planteamiento en Bolivia (Excepción de Incompetencia).

* Subtítulo: Los Conflictos de Competencia en Bolivia: Concepto y Clases (Positivos y Negativos).

* Subtítulo: Procedimiento para la Resolución de Conflictos de Competencia ante el Tribunal Departamental de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia.

* Subtítulo: Consecuencias de la Declaración de Incompetencia.

* Subtítulo: La Competencia en los Procesos Plurales: Litisconsorcio, Tercerías, Intervención de Terceros.

Capítulo 12: La Competencia en el Marco de la Pluralidad Jurídica Boliviana

* Título: Un Estado Plurinacional: Desafíos y Particularidades de la Competencia

* Subtítulo: La Jurisdicción Ordinaria, Agroambiental e Indígena Originaria Campesina: Articulación y Límites de Competencia.

* Subtítulo: La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y sus Criterios de Competencia (personal, territorial, material).

* Subtítulo: Conflictos de Competencia entre Jurisdicciones y el Rol del Tribunal Constitucional Plurinacional.

* Subtítulo: Desafíos para la Armonización de la Competencia en un Estado Plurinacional.

Parte V: Anexos y Herramientas Didácticas

* Anexo I: Esquemas Gráficos de las Pautas de Competencia.

* Anexo II: Extractos Relevantes del Código Procesal Civil Boliviano y Leyes Especiales.

* Anexo III: Casos Prácticos Resueltos y Propuestas de Análisis.

* Anexo IV: Glosario de Términos Jurídicos.

* Anexo V: Bibliografía Recomendada para Profundización.

Justificación del enfoque didáctico y originalidad:

* Integración de la Ley Modelo con la Legislación Boliviana: Cada pauta de competencia del Art. 20 y sus notas será analizada primero conceptualmente (basado en la ley modelo) y luego aterrizada al contexto legal y jurisprudencial boliviano.

* Casos Prácticos y Ejemplos Locales: Se priorizará el uso de ejemplos extraídos de la realidad jurídica boliviana para facilitar la comprensión.

* Tablas Comparativas y Esquemas: Para visualizar y resumir la información compleja.

* Lenguaje Claro y Accesible: Adaptado al nivel de un estudiante universitario, evitando tecnicismos innecesarios o explicándolos debidamente.

* Énfasis en la Racionalidad y el «Para Qué»: Más allá de describir las reglas, se explicará el propósito y la justificación de cada pauta de competencia (ej. «por qué la celeridad vs. seguridad»).

* Sección sobre Pluralidad Jurídica: Un capítulo único y crucial para el contexto boliviano, que aborda los desafíos y particularidades de la competencia en un Estado Plurinacional.

* Actualización Constante: Si bien es un libro impreso, se podría sugerir un sitio web complementario o recursos online para actualizaciones normativas y jurisprudenciales.

Este esquema proporciona una base sólida para un libro que no solo informará sobre la competencia, sino que también equipará a los estudiantes de derecho bolivianos con una comprensión profunda y práctica de cómo la justicia se organiza y opera en su país.